En el Tribunal Constitucional se ha celebrado esta semana el debate, que no la votación -aplazada sine die–, sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular a determinados artículos de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida coloquialmente como «Ley Trans», que introdujo la autodeterminación del sexo registral en España, en clara vulneración de la Constitución Española y de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (conocida por sus siglas en inglés, CEDAW), tal y como reflejaron en su momento los informes negativos del Consejo General del Poder Judicial y otros organismos.
El motivo del aplazamiento no es otro que la clamorosa falta de apoyos dentro del Tribunal al borrador preparado por el ponente del llamado «bloque progresista» Juan Carlos Campo, que avalaba la constitucionalidad de la ley recurrida. Es decir, que la práctica totalidad del Tribunal Constitucional consideran que la norma no es constitucional.
Es necesario recordar que, si bien en la actualidad Campo es, obviamente, magistrado del Tribunal Constitucional, era ministro de Justicia en el momento de la redacción de la misma norma que se había propuesto defender en su nueva responsabilidad, por lo que, en un país democrático, él mismo se habría abstenido de participar en la redacción o votación sobre la «Ley Trans» en el TC por vulnerar la separación de poderes que garantiza la propia Constitución Española.
En concreto, Juan Carlos Campo no sólo participó en las deliberaciones o negociaciones, sino que fue uno de los ministros proponentes de la norma que ahora él mismo quiere avalar desde el TC.
Participación de Juan Carlos Campo en la redacción de la «Ley Trans»
Efectivamente, en el documento que se puso a disposición de la ciudadanía en el momento de la consulta pública obligatoria en la fase de anteproyecto (tal y como marca la legislación vigente), aparece su nombre como impulsor de la norma, junto con Carmen Calvo (entonces Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) e Irene Montero (en aquel momento Ministra de Igualdad).
Nos referimos a este documento como el que «se puso a disposición de la ciudadanía en el momento de la consulta pública» porque no es este el fichero que en la actualidad está visible en la web del Ministerio (en el apartado de «Normativa en tramitación«)
A pesar de que, como acabamos de indicar, la normativa obliga al Gobierno a presentar a la ciudadanía su iniciativa legislativa en la fase de anteproyecto, en la web de Igualdad se ha escogido sustituir dicho texto por el del Proyecto finalmente aprobado por el Consejo de Ministros; trámite redundante pues la ciudadanía puede consultar el Boletín de las Cortes Generales para conocer el contenido de la propuesta que iniciaría su tramitación parlamentaria.
De esta manera, se ha eliminado de la web el dato histórico de la participación de Juan Carlos Campo en la controvertida «Ley Trans» en la información pública sobre la tramitación de esta ley.
El texto del Proyecto de Ley publicado en la web del Ministerio de Igualdad contiene un gazapo, pues sigue titulándose «Anteproyecto».
Con el cambio de documento en la web se oculta igualmente que el texto facilitado a la ciudadanía no incluía ningún artículo de definiciones, vulnerando el principio fundamental de seguridad jurídica, tal y como denunciamos en su momento.
Juan Carlos Campo participó además, al igual que el resto de sus compañeros/as del Consejo de Ministros y Ministras, en la aprobación formal del texto que él mismo firmaba, como nos muestra la hemeroteca, si revisamos las fechas de aprobación del anteproyecto y del cese del entonces Ministro:
Vulneración de los principios fundamentales del Estado de Derecho
Desde WDI España denunciamos una vez más la vulneración de los principios fundamentales del Estado de Derecho: a las múltiples irregularidades de la propia tramitación de la ley, a su contenido inconstitucional, añadimos ahora la vulneración del principio de separación de poderes.
Es absolutamente incomprensible el empeño del Gobierno en sostener una norma que responde únicamente a contenidos ideológicos dogmáticos y anticientíficos, que destruye las políticas de Igualdad y contra la Violencia de género, además de poner en peligro la salud de la infancia y los derechos de las personas homosexuales.
Ayúdanos a defender los derechos de las mujeres basados en el sexo:
Firma la Declaración