La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias hizo público un comunicado el pasado 22 de mayo, en relación al acoso y violencia que experimentan las mujeres que discrepan de la noción de “identidad de género” y las políticas relacionadas con dicho concepto.
Este comunicado de la Relatora está de acuerdo con la redacción del artículo 4 de la Declaración, que reafirma los derechos de las mujeres a la libertad de opinión y libertad de expresión, en virtud de lo establecido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por su interés, traducimos a continuación el comunicado de la Sra. Reem Alsalem, cuyo original en inglés se encuentra disponible aquí.
Agradecemos enormemente a la Relatora Especial su incansable defensa de los derechos fundamentales de las mujeres.
Dejen que las mujeres y las niñas hablen sin intimidación ni miedo sobre sexo, género e identidad de género: Experta de la ONU
22 de mayo de 2023
Estoy profundamente preocupada por la escalada de intimidación y amenazas contra las mujeres y las niñas por expresar sus opiniones y creencias sobre sus necesidades y derechos en función de su sexo y/u orientación sexual. El desacuerdo con las opiniones de las mujeres/niñas, incluidas políticas, académicas y defensoras de los derechos de las mujeres, nunca debe utilizarse como motivo para justificar la violencia e intimidación. Además, la discriminación basada en el sexo y la orientación sexual está prohibida en los instrumentos [de derechos humanos] internacionales y regionales.
Me preocupa la reducción del espacio para que las mujeres y las organizaciones de mujeres se organicen y/o expresen su opinión pacíficamente en varios países del Norte Global. Las mujeres que se unen para exigir el respeto a sus necesidades en función de su sexo y/u orientación sexual vienen siendo a amenazadas, agredidas y denigradas.
La aplicación de la ley tiene un papel importante y la responsabilidad de proteger las reuniones legitimas de mujeres. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres a la libertad de reunión y de expresión sin intimidación ni coacción. Si bien, los contramanifestantes también tienen derecho a la libertad de expresión y reunión, las fuerzas del orden deben garantizar que este no se ejerza de manera que impida a las mujeres ejercer sus derechos a la libertad de reunión y expresión, ya sea mediante amenazas, intimidación o uso de violencia, donde el discurso de las mujeres es silenciado por fuertes contra protestas. Existe una obligación legal de proteger a las mujeres en tales circunstancias, incluso manteniendo a los contramanifestantes a una distancia segura que permita que el discurso de las mujeres se pueda oír. El impacto de la falta de aplicación de la ley, que falla en proporcionar la protección necesaria, se viene observando en algunos países. Mujeres y niñas han estado expuestas a intimidaciones y ataques verbales y físicos y/o han sido inundadas por el ruido de los contramanifestantes en los intentos, frecuentemente exitosos, de malograr estos eventos. Las amenazas y los actos de violencia, la represión de la expresión no deben privar a las personas de su derecho a la libertad de reunión pacífica. Por lo tanto, la aplicación de la ley debe garantizar la plena protección de los derechos de las mujeres, las niñas y sus aliadas/os a expresar sus opiniones, incluidas las mujeres políticas, las defensoras de los derechos de las mujeres, las deportistas, las que ‘destransicionan’ y las académicas para garantizar que quienes han perpetrado actos de violencia rindan cuentas.
También observo con preocupación la táctica frecuente de difamar a mujeres, niñas y personas aliadas con creencias legales y protegidas sobre la no discriminación basada en el sexo y la orientación sexual como “nazis”, “genocidas” y “extremistas” para intimidar a las mujeres, inculcarles miedo y humillarles para silenciarles. Esto se ha realizado también con el objetivo específico de incitar a la violencia y al odio contra las mujeres en base a sus creencias. Según el marco internacional de derechos humanos, la libertad de expresión debe protegerse a no ser que incite a la violencia y al odio. Las víctimas de este tipo de ataques a la libertad de expresión y opinión reclaman discusiones respetuosas y transparentes en torno a la definición de “sexo”, “género” e “identidad de género” y la interacción de los derechos derivados de estas definiciones para las personas titulares de derechos en cualquier sociedad.
El deber de no discriminar por motivos de sexo y los estereotipos asociados con respecto a los roles de hombres, mujeres, niñas y niños es un principio del derecho internacional de derechos humanos que los Estados están obligados a cumplir y que han articulado en la mayoría de sus leyes nacionales. Por lo tanto, preocupaciones sobre el continuo cumplimiento de estas obligaciones no debe ser deslegitimado, trivializado y criminalizado. Las mujeres y las niñas que enfatizan las necesidades específicas de las mujeres nacidas mujeres y que convocan y participan en debates sobre las definiciones de sexo, género e identidad de género y la interacción de los derechos derivados de estas definiciones para las personas sujetas de derecho en cualquier sociedad dada, por lo tanto, deberían poder opinar y expresar sus preocupaciones sobre estos temas con seguridad y dignidad.
Además, es importante que las personas, incluidas aquellas que se dedican a la investigación y la academia, que expresan sus puntos de vista sobre las intervenciones de “afirmación de género”, incluso para la infancia, no sean silenciadas, amenazadas o intimidadas simplemente por sostener y expresar tales puntos de vista. Esto es particularmente importante dadas las implicaciones sobre cuestiones vitales como la salvaguardia, la participación y el consentimiento de los niños y la educación sexual.
Las medidas que encuentro particularmente preocupantes incluyen represalias como la censura, el acoso legal, la pérdida de empleos, la pérdida de ingresos, la eliminación de las plataformas de redes sociales, de compromisos para dar conferencias y la negativa a publicar conclusiones y artículos de investigación. Estas tácticas han afectado la capacidad de discutir temas relacionados con sexo, género e identidad de género dentro de las universidades y en la sociedad. Además, tengo conocimiento de mujeres políticas que han sido sancionadas por sus partidos políticos, incluso mediante la amenaza de despido o el despido real. Estas acciones han ido acompañadas de ataques y atentados contra la integridad, tanto en internet como presenciales, a través de campañas de desprestigio e incitación al odio.
De acuerdo con el marco internacional de los derechos humanos, cualquier restricción a la libertad de expresión debe llevarse a cabo de conformidad estricta con las normas de legalidad, necesidad, proporcionalidad y para servir a un fin legítimo. Quienes no estén de acuerdo con las opiniones de mujeres y niñas que expresan preocupaciones relacionadas con la identidad de género y el sexo también tienen derecho a expresar su opinión. Sin embargo, al hacerlo, no deben amenazar la seguridad y la integridad de aquellas contra las que protestan y con quienes no están de acuerdo. Las restricciones extensas sobre la capacidad de mujeres y hombres para plantear inquietudes sobre el alcance de los derechos basados en la identidad de género y el sexo violan los fundamentos de la libertad de pensamiento y la libertad de creencias y expresión, y equivalen a una censura injustificada o generalizada.
Además, observo con preocupación la forma en que se han interpretado las disposiciones que criminalizan el discurso de odio basado en una serie de motivos, incluida la expresión de género o la identidad de género, en los países del Norte Global. Algunas de estas disposiciones se interpretan en el sentido de que cualquier cuestionamiento del alcance de los derechos basados en la identidad de género equivale a un discurso de odio contra personas no binarias y hasta una incitación al odio y al genocidio.
Quisiera enfatizar que los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica son cruciales para asegurar que las sociedades puedan desarrollar sus prioridades y políticas democráticamente y equilibrar los derechos de diversos grupos en una sociedad pluralista. Los intentos de silenciar a las mujeres sobre la base de sus opiniones sobre el alcance de la identidad de género y el sexo en la ley y en la práctica y los derechos asociados a estos, afectan gravemente su participación en la sociedad con dignidad y seguridad, así como la prosperidad y el desarrollo de su país.
Sra. Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
* La Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, como mandato de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, sirve a título individual independientemente de cualquier gobierno u organización.
La Sra. Reem Alsalem fue nombrada Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias en julio de 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para un mandato de tres años. Comenzó su mandato el 1 de agosto de 2021.
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