El pasado viernes 3 de febrero se celebró en el Palacio del Senado la Jornada “La Ley Trans y su Debate en el Senado: Los Expertos Hablan Otra Vez”, organizada por el Grupo Popular tras el veto de PSOE y Unidas Podemos a la comparecencia de personas expertas en el trámite parlamentario del “Proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI“.
Women’s Declaration International España estuvo presente en dicha histórica Jornada, junto con otras organizaciones feministas integrantes de Confluencia Movimiento Feminista.
La jornada completa puede visualizarse aquí.
Reproducimos a continuación el programa y la intervención de nuestra representante.
“Acontecimientos Internacionales en Relación a las Políticas Identitarias”
Texto de la intervención
Muchas gracias por la invitación a participar en esta Jornada, para poder ampliar la información facilitada el pasado 16 de diciembre en la Jornada “La Ley Trans: Comparecen los expertos”, que tuvo lugar en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, igualmente organizada por el Grupo Parlamentario Popular -la cual invito a visionar a todas las personas que no lo hayan hecho aún, ya que el video de la Jornada se encuentra disponible en la página web del Congreso-.
En aquella ocasión me referí a la cuestión central, la fundamental en todo este asunto, que es la pretensión del “Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI” (conocido comúnmente como “Ley Trans”) de desvincular la categoría legal sexo de la categoría biológica sexo en el ordenamiento jurídico español y todas las consecuencias legales que dicha desvinculación va a tener para las mujeres en distintos ámbitos, ya que nuestros derechos como mujeres están basados en la categoría sexo.
Hoy no voy a repetir lo dicho en la Jornada anterior, -el contenido está disponible en en nuestra página web- sino que mi intervención se centrará en los últimos acontecimientos sucedidos en el ámbito internacional y en concreto, en el contexto de Naciones Unidas, con el fin de aclarar que este asunto supera el marco nacional y es mucho mayor que las discrepancias entre partidos políticos españoles, además de desvelar como falsas las afirmaciones que sostienen que estas políticas son “un avance en derechos” o que se trata de la aplicación de principios de derecho internacional. Nada más lejos de la realidad.
Voy a empezar comentando brevemente, ya que una de las siguientes ponentes ampliará información al respecto, sobre la actuación de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias, la Sra. Reem Alsalem, en la tramitación de la ley del Parlamento de Escocia que pretendía aprobar la autodeterminación del sexo registral en dicha jurisdicción.
La Sra. Alsalem escribió el pasado 29 de noviembre a las autoridades británicas para expresar su preocupación por la propuesta en Escocia de autoidentificación del género (que es como denominan en el Reino Unido al acto equivalente en España de autodeterminación del sexo registral).
En su escrito manifestó expresamente que compartía la preocupación de que estas propuestas puedan abrir una puerta a varones violentos que quieran aprovechar el trámite en beneficio propio, lo que evidentemente presenta riesgos potenciales para la seguridad de las mujeres, como venimos diciendo las feministas desde hace años y que en España ha provocado comentarios jocosos de muy mal gusto por parte de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Genero del Gobierno.
Al conocer la postura de la Sra. Alsalem, le escribimos desde WDI España para poner en su conocimiento que en nuestro país las mujeres españolas nos enfrentábamos a la misma amenaza que las mujeres escocesas. Antes de remitírsela y en menos de 24 horas recabamos casi 1200 firmas de adhesión, entre ellas 101 organizaciones o colectivos feministas de toda España.
La carta ha sido recibida y estamos a la espera de una respuesta oficial por su parte.
El segundo acontecimiento reciente que quiero destacar en mi intervención es la queja presentada ante Naciones Unidas por parte de la organización LGB Alliance, La Alianza LGB, grupo originario de Reino Unido cuyo fin es la defensa de los derechos de lesbianas, gays y bisexuales, es decir, de todas aquellas personas que sienten atracción sexual por personas de su mismo sexo. La queja formal es contra el Experto Independiente en cuestiones de orientación sexual e “identidad de género”, Víctor Madrigal-Borloz, por lo que describen como “fracaso (…) en el cumplimiento de su mandato”. Recordemos que este experto se reunió con la Ministra de Igualdad, Irene Montero, y que ambos quedaron muy satisfechos por su reunión, manifestando total sintonía entre ellos.
La queja de la LGB Alliance fue remitida y hecha pública hace menos de un mes, el 10 de enero de 2023 y publicada en su página web, contando además con adhesiones de grupos de distintos países entre los que se encuentran tanto mi organización Women’s Declaration International, a nivel global, como Confluencia Movimiento Feminista, desde España, dado que ambos grupos feministas defendemos los derechos de las lesbianas a mantener relaciones sexo-afectivas con mujeres, como parte de los derechos de las mujeres basados en el sexo.
Es necesario aclarar que el Sr. Madrigal-Borloz es uno de los firmantes de los Principios de Yogyakarta más 10, la extensión realizada en 2017 a los 29 principios originales aprobados en 2006 en Indonesia por un grupo de expertos a título individual, que consagraron la idea de que existía una esencia interior llamada “identidad de género” que debía ser tenida en cuenta a efectos legales por la mera declaración de la persona interesada; interpretación extraordinariamente novedosa en su momento, no recogida hasta entonces en ningún texto legal ni sentencia en dicho sentido.
Estos “Principios” no son ningún instrumento de derecho internacional de derechos humanos ni tienen, por tanto, ninguna fuerza legal ni capacidad vinculante, a pesar de lo cual han influido en numerosas iniciativas legislativas en todo el mundo, entre las que se encuentran muchas de las leyes autonómicas aprobadas en España tanto por Gobiernos del PSOE como del PP.
Quiero leer literalmente el resumen de la queja de la LGB Alliance con la que sintetizan su posición:
La queja está dirigida al Presidente entrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU:
En resumen, el Sr. Madrigal-Borloz insta a los países a que implanten la autoidentificación de género y promueve el manifiesto activista conocido como los Principios de Yogyakarta en vez de hacer su trabajo. Ignora en gran medida la parte “de orientación sexual” de su mandato. No ha propuesto ningún programa contra la criminalización de las relaciones homosexuales en 69 países. No ha propuesto ningún programa contra la discriminación y la violencia que sufren en todo el mundo las personas con orientación sexual homosexual. Insiste una y otra vez en que la autoidentificación de género no supone ningún riesgo para los derechos de las personas LGB o de las mujeres, a pesar de que se le ha proporcionado una montaña de pruebas de lo contrario. Además de desestimar los hechos que se le presentan, también tergiversa la ley, afirmando falsamente que el Derecho internacional de los derechos humanos exige la introducción de la autoidentificación de género. Tiene la obligación de publicar las comunicaciones que recibe, pero no publica las de los grupos LGB que rechazan la ideología de la identidad de género, al parecer por considerarlas “odiosas”.
Nuestra carta al Presidente del Consejo de Derechos Humanos concluye:
“Es posible que simpatice con las opiniones de Víctor Madrigal-Borloz, o que las considere progresistas. Si es así, nos gustaría añadir lo siguiente. Las personas que se sienten atraídas por otras personas de su mismo sexo son objeto de discriminación y violencia en todo el mundo, sean cuales sean sus creencias. Esa es sin duda una de las principales razones por las que se creó el mandato SOGI. Representamos a gays, lesbianas y bisexuales que podrían suponer que merecen protección en virtud del mandato SOGI. Sin embargo, de todo lo que dice y hace Víctor Madrigal-Borloz se desprende claramente que sólo nos considera dignos de atención si pronunciamos los mantras: ‘Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres, las identidades no binarias son válidas’. Ese es un sistema de creencias. Es totalmente independiente de la orientación sexual. No compartimos ese sistema de creencias. Nuestra orientación sexual no tiene nada que ver con cómo se identifica alguien.
Por favor, díganos si ahora las Naciones Unidas consideran que las personas lesbianas, gays y bisexuales que no suscriben este sistema de creencias ya no merecen su protección. Sería bueno saber si seguimos incluidos en la familia global de las Naciones Unidas”.
Concluyo mi intervención con un acontecimiento muy reciente, igualmente de gran relevancia, y es el posicionamiento -a favor de las mujeres- de la Dra. Alice J Edwards, la relatora especial de Naciones Unidas contra la tortura, cuando ha tenido conocimiento de la internación de convictos varones en las prisiones de mujeres en virtud de las políticas identitarias, exactamente como ya sucede en España en determinadas jurisdicciones y como sucederá con carácter general si se aprueba el proyecto de ley que nos ocupa.
El pasado 29 de enero, no hace ni una semana, la Dra. Edwards escribió en su cuenta de Twitter (cito literalmente):
#Escocia: Las reclusas tienen derecho a que se las proteja de delincuentes sexuales violentos independientemente de cómo ellos se identifiquen. ¿Dónde está el sentido común? Necesitamos directrices más claras.
De manera que dos relatoras especiales de Naciones Unidas, de ámbitos tan sensibles como son la violencia contra las mujeres y la tortura, han manifestado su preocupación sobre la vulneración de los derechos de las mujeres que producen las políticas identitarias, políticas que no están basadas en ningún instrumento de derecho internacional de derechos humanos y que además de poner en peligro la seguridad y la integridad física de las mujeres, entre otros aspectos, redefinen el concepto de orientación sexual al transformar a efectos legales a hombres en mujeres y viceversa.
Esta información debería hacer reflexionar a todos los Senadores y Senadoras de España para votar en contra del proyecto de ley en su redacción actual, ya que incluye la autodeterminación del sexo registral contra la que se han pronunciado las relatoras.
Las mujeres españolas merecemos el respeto a nuestros Derechos Humanos y por ello es necesario no sólo la paralización de la tramitación de la llamada Ley Trans, sino también la derogación de toda la normativa autonómica ya aprobada que contempla dicho derecho inexistente en el sistema de derechos humanos.
Defendemos la definición de mujer en base al sexo.
Muchas gracias.
Firma la Declaración