Reem Alsalem, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra mujeres y niñas, abrió hace unas semanas una convocatoria de aportaciones acerca de la relación entre la prostitución y la violencia contra la mujer, reconociendo que la inmensa mayoría de las personas prostituidas son del sexo femenino. Según las palabras de la Relatora en la convocatoria, “El derecho internacional ha reconocido que la prostitución es incompatible con la dignidad y el valor de la persona humana” y ha exhortado a los Estados a ‘adoptar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer’“.
Cita de manera importante el Convenio de 1949 para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, “que considera a las personas prostituidas como víctimas de los proxenetas”. Y cita su artículo 1, en el que se dice que los Estados signatarios se comprometen “a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra, concertare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona; o explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona”. El artículo 6 de la CEDAW dicta claramente que “los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.
En las últimas décadas ha aumentado el número de personas que cree que la prostitución es simplemente un sector laboral más, y que las mujeres prostituidas tendrían una mejor calidad de vida y una mayor protección de sus derechos si se legalizara y regulara la mercantilización de sus cuerpos como se regula la mercantilización de otros bienes y servicios. Esta creencia tiene como base la percepción de que el cuerpo es un elemento que “pertenece” a la persona -la persona parece ser una entidad distinta del cuerpo- y que la sociedad está formada por personas-cuerpos autónomos cuyos actos no afectan al resto, ni conforman una cultura. Solo así se puede pensar que en países en los que existan miles de mujeres que son legalmente utilizadas por cientos de miles de varones para la satisfacción sexual de estos, no se afecta de manera negativa la posición social de la mujer como categoría. Solo así se puede pensar que en el “trabajo sexual” se podrían tener derechos laborales, por no hablar de derechos humanos.
Está claro que quienes defienden la idea de que la prostitución es y debe ser un trabajo como cualquier otro están hablando de una idea, están llevando la noción de la libertad individual, la agencia y la autonomía sobre el propio cuerpo a una conclusión “lógica” que se niega, sin embargo, a considerar la realidad material. Y como dijo Andrea Dworkin, “La prostitución no es una idea. Es la boca, la vagina, el recto, penetrados casi siempre por el pene de un hombre, a veces por sus manos, a veces por objetos, y luego el de otro hombre y luego otro y luego otro y luego otro”.
No es casual que sean los grupos que defienden la legalización y regulación de la prostitución y de otras actividades de explotación sexual que son económicamente muy rentables, sean los mismo que defienden la autodeterminación del sexo registral y la ideología de identidad de género. Ambas cuestiones suponen la mercantilización absoluta tanto del cuerpo humano y sus funciones, como de la “identidad” o identidades, en nombre de la libertad individual. Ambas necesitan, para su consecución, la derogación de los derechos de las mujeres basados en el sexo, tanto desde el punto de vista del lobby proxeneta que necesita mujeres vulnerables para alimentar su negocio criminal de explotación sexual, como desde la distorsionada perspectiva del neoliberalismo para el cual la libertad y el progreso suponen sociedades de individuos “neutros” (sin sexo) cuyas relaciones son instrumentales (solo nos relacionamos con quienes pueden satisfacer nuestros deseos y necesidades) en un mercado en el que todo se puede comprar (desde la compañía, hasta la salud, el cuerpo que se desea tener, el placer sexual, bebés, óvulos, embriones y vientres de mujeres, etc.).
Women’s Declaration International-España participó en dicho proceso consultivo con el texto que reproducimos a continuación.
Participación de Women’s Declaration International España en la consulta sobre prostitución y violencia contra las mujeres y las niñas convocada por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias para preparar un informe temático a presentar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su sesión 56ª (junio de 2024)
| El capítulo español de Women’s Declaration International (WDI), la organización feminista impulsora de la Declaración sobre los derechos de las mujeres basados en el sexo -un documento basado en instrumentos de derecho internacional de derechos humanos como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre las mujeres (CEDAW) y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres (DEVAW), entre otras-, presenta la siguiente aportación a la consulta abierta por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, sobre prostitución y violencia contra las mujeres y las niñas: |
La prostitución supone una violación de derechos humanos en la que unas personas, en su práctica totalidad, hombres (99,7% en España), pagan por utilizar a otras personas, casi siempre niñas o mujeres, para satisfacer sus deseos sexuales. La desigualdad estructural entre los sexos, por tanto, es brutalmente evidente a través de esta problemática que revela que todavía son muy necesarias las políticas y leyes que combatan esa explotación y que las mujeres necesitan protecciones específicas.
En este escrito, nos centraremos en dos ejes. El primero tiene que ver con las estadísticas y la información acerca de la discriminación, la violencia, y la desigualdad que sufren las mujeres, que quedan falseadas o inutilizables si en lugar de la categoría objetiva de sexo se usa la categoría subjetiva y cambiante de “género”. El segundo trata la vinculación de la defensa de la “autodeterminación del género” con la legalización y normalización de la prostitución y otras actividades de explotación sexual.
Falseamiento estadístico
Las mujeres en el sistema prostitucional experimentan mayores niveles de violencia que la población femenina general, y tienen muchas más probabilidades de morir asesinadas que las mujeres no prostituidas.
En cuanto a los varones, se estima que son aproximadamente 20 de cada 100 personas prostituidas en diversos países. Se da la circunstancia que un alto porcentaje de estos varones en situación de prostitución se identifican como “trans” y que al menos el 65% de todos los hombres que se identificaban como trans que fueron asesinados entre 2008 y 2015 estaban en situación de prostitución (es decir, que la gran mayoría de las muertes violentas sufridas por estos varones se da precisamente en el marco de la prostitución).
Los países que han legalizado y regulado un sistema prostitucional no han eliminado los asesinatos de mujeres prostituidas a manos de ‘compradores’. Como se ve en el siguiente gráfico elaborado por la organización Nordic Model Now, solo en Suecia, donde es ilegal pagar a alguien para utilizar su cuerpo como objeto sexual, no se han registrado asesinatos de mujeres prostituidas a manos de puteros (punters) o proxenetas (pimps).
En términos de trata, en 2020 la distribución porcentual de trata de personas con fines de explotación sexual, según las fuentes utilizadas por Statista, revelan que 64% fue de mujeres, 27% de niñas, 4% de hombres y 5% de niños.
Sin embargo, hemos de preguntarnos si estas estadísticas aproximativas contienen información falsa, no solo por la dificultad de obtener información veraz acerca de actividades ilegales o alegales o que conllevan estigma, sino porque no sabemos si cuentan como mujeres a varones “transidentificados”: El gráfico aportado por Statista usa la palabra “género” en lugar de sexo, pero esto no nos dice si es porque consideran sexo y género como conceptos sinónimos, o por registrar la “identidad de género” declarada de las poblaciones estudiadas. Tampoco sabemos si el gráfico de Nordic Model Now incluye en las mujeres prostituidas a varones “transidentificados”.
Este falseamiento estadístico surge espontánea e irremediablemente de la creencia en las “identidades de género” que considera que los sexos son clasificaciones coercitivas “asignadas” a los seres humanos (como se aprecia en la expresión “asignada mujer al nacer”, por ejemplo). Es decir, para esta doctrina, los sexos son meras “clasificaciones” que las personas pueden cambiar si, en virtud de su personalidad, gustos y aficiones se “identifican” con una “identidad de género” distinta a su sexo -o con ningún sexo, como afirman las personas que dicen ser “no binarias”-.
La consecuencia de seguir estos postulados es que las personas se clasifican como hombre, mujer o “persona no binaria” en función de esa identificación, y la categoría mujer deja de incluir a mujeres que dicen ser “no binarias” o que se consideran hombres, e incorpora a varones que se identifican como mujeres.
Así, en aquellos países en donde los medios de comunicación, las autoridades policiales y las leyes utilizan esta nueva definición de mujer, ninguna estadística o información resulta fiable ni puede utilizarse para abordar los problemas de desigualdad, discriminación o violencia contra las mujeres, pues la categoría mujer incluye a algunos varones y excluye a algunas mujeres.
Adicionalmente, de la misma manera que habrá distorsión en las estadísticas de las víctimas, será imposible contar con información fiable acerca de quienes cometen esta violencia y discriminación, puesto que, si son varones “transidentificados”, serán contados como mujeres.
En España desde el año pasado ya es legal la autodeterminación del sexo registral tras la aprobación de la conocida como “Ley Trans”. Las consecuencias empiezan a ser visibles: hombres que realizan el cambio registral de su sexo para eludir el ámbito de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, al ser ahora considerados mujeres a efectos legales. Por ello, si estos maltratadores son también puteros, puede darse en un futuro que estos varones con cambio registral conformen una nueva categoría de “puteras” que difumine la violencia machista ejercida en contextos de prostitución contra las mujeres.
Respecto de los proxenetas, ya se conocen casos como el de “La Diabla”, apodo de un varón venezolano (que decía ser mujer) que era una de las personas más buscadas por la Europol por dirigir una extensa red criminal de explotación sexual de personas, en la que las víctimas eran principalmente mujeres. Muy pocos medios informaron que “la Diabla” era un varón “transidentificado”, dando la noticia de su captura como si se tratase de una mujer.
Si los distintos órganos y niveles del Estado (municipal, regional, central; policial, judicial, asistencial, etc.) y las distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan para eliminar la trata con fines de explotación sexual y la violencia cometida contra mujeres en situación de prostitución no son capaces de utilizar datos veraces acerca del sexo de quiénes sufren y quiénes ejercen esa violencia, será imposible combatirla.
Autodeterminación del sexo registral y legalización de la prostitución
Desde WDI vemos con estupor cómo instituciones y organizaciones dedicadas a procurar que se reconozcan y respeten los derechos de las mujeres y niñas, y los derechos humanos en general, definen la prostitución como un trabajo más en el sector servicios dentro de lo que se llama “la industria” o “el mercado” del sexo que debería ser legalizado y regulado. Llamarle “trabajo sexual” a actividades que perpetúan la opresión de las mujeres y que conllevan que un hombre tras otro, tras otro, tras otro penetren la vagina, el recto y la boca de mujeres con sus penes, sus manos, objetos, de la manera que ellos quieran y sin que ellas sientan el más mínimo deseo por esas decenas de hombres que les pagan por usarlas cada semana, es inaudito.
Es inaudito que esas organizaciones promueven la normalización de la prostitución con la peregrina argumentación de que esta proveerá cierta protección a las mujeres prostituidas al reconocerle derechos laborales. Se habla de la prostitución como algo teórico, como si no se supiera que la mayoría de las mujeres prostituidas están coaccionadas y/o víctimas de trata (se cree que más del 80% de las mujeres prostituidas en España lo hacen forzadas, de las que entre el 90 % y el 95% sería víctimas de trata); y que más de la mitad de las mujeres prostituidas en España fueron traficadas con fines de explotación sexual cuando eran menores de edad (sin que haya elementos que indiquen que las cifras son distintas en otros países donde se compran mujeres para usarlas sexualmente). Es decir: se pretende legalizar y regularizar un sector económico en el cual la inmensa mayoría de las personas que supuestamente serían “trabajadoras” están “trabajando” no por obligación económica -como trabajan cientos de miles de hombres y mujeres en muchos sectores peligrosos, o haciendo trabajos alienantes o desagradables- sino contra su voluntad. Y víctimas de trata de personas, que además aumenta cuando la prostitución se legaliza, como ha sucedido en Alemania y Nueva Zelanda.
No es inaudito, sin embargo, que las organizaciones que buscan la regulación de la prostitución sean las mismas que buscan la autodeterminación del sexo (que a veces llaman “género”) y la eliminación de los espacios segregados por sexo a favor de espacios mixtos basados en la “identidad de género”. La siguiente captura muestra algunas de esas organizaciones, signatarias de un documento titulado “Una declaración de principios feministas” publicado como contra-manifiesto a nuestra Declaración sobre los derechos de las mujeres basados en el sexo.
En ese documento, la demanda de que se reconozca el “trabajo sexual” como trabajo aparece como parte del segundo principio, “Autonomía e integridad corporal, agencia y el derecho a la identidad”. Este principio recoge también el reconocimiento de que “El derecho a la identidad se extiende para auto-determinar [sic] la propia identidad de género sin ninguna interferencia, esto incluye la libertad de autodeterminar el género legal”.
Para que no queden dudas acerca de cómo estas organizaciones buscan eliminar la categoría sexo de la legislación y de las políticas públicas, además de en los imaginarios colectivos, borrando así toda capacidad de proteger los derechos de las mujeres y las niñas basados en el sexo, su artículo 5 declara: “Las feministas han establecido que el género, el sexo y la sexualidad son categorías de identidad construidas, al igual que otras categorías como raza, clase y casta, que se utilizan para defender y mantener los desequilibrios de poder y perpetuar los sistemas de opresión”.
Vemos, entonces, que un documento que se supone busca afirmar unos principios feministas básicos incluye tanto la demanda de que se normalice la prostitución como la demanda de que se establezca la autodeterminación del sexo registral (que llaman género) sin ningún límite legal. Las asociaciones que buscan tanto el primer objetivo como el segundo reciben fondos de las mismas fundaciones, como las del Open Society Foundations de George Soros, que ha financiado a la Global Network of Sex Projects (signataria del documento) y a otras organizaciones regulacionistas, así como a organizaciones promotoras de la autodeterminación del sexo como ILGA-Europe y Transgender Europe (también signatarias), entre otras.
Muchas asociaciones y grupos que buscan la regularización de la prostitución, que incluyen grupos pro-proxenetas defienden también la autodeterminación del sexo. No es casualidad que a las feministas que se oponen a la regularización y normalización de la explotación sexual se las llame “SWERF” (sex worker exclusionary radical feminist), pues usan como base el más conocido y más antiguo TERF (trans exclusionary radical feminist) arrojado como insulto a las feministas que no comparten la ideología de identidad de género.
Desafortunadamente, incluso fondos de la Unión Europea y las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra las mujeres, incluida la trata y la explotación sexual, como son la iniciativa Spotlight y el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, están financiando organizaciones transactivistas y regulacionistas de la prostitución a través de estos fondos, como se puede constatar investigando los posicionamientos de algunas organizaciones beneficiarias que aparecen en sus informes anuales.
Spotlight -el mayor esfuerzo en el mundo destinado a poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas- con un compromiso de financiación inicial de EUR 500 millones procedentes de la Unión Europea o el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que desde 1996 ha dedicado 225 millones de dólares en 670 iniciativas en 140 países y geografías, están dirigiendo parte de sus fondos a organizaciones contrarias a la CEDAW y el mandato del Secretario General de Naciones Unidas para una vida libre de violencias para mujeres y niñas. ONU Mujeres es la agencia encargada de canalizar estos dos fondos.
En España tenemos el ejemplo del pseudo-sindicato OTRAS, cuyo portavoz es un hombre que dice ser una mujer lesbiana y que niega la violencia que se ejerce sobre las mujeres prostituidas.
La coincidencia en estas demandas (regulación de la prostitución y autodeterminación del sexo) se basa, entre otras cosas, en una interpretación extrema del principio de la libertad individual que está divorciada de toda realidad y análisis histórico y social. Ignora, como hemos dicho antes, que un inmenso número de mujeres dentro del sistema prostitucional a nivel global ha sido víctima de trata, muchas cuando eran todavía menores de edad, como también ignora el carácter destructivo que tiene la explotación sexual en la salud física y mental de las mujeres prostituidas.
Según su argumentación neoliberal, hay mujeres que aceptan libremente y sin condicionantes que sus cuerpos sean utilizados por hombres, previo pago por ese uso, y esto debería estar reconocido como una profesión u oficio como cualquier otro dentro del sector servicios. La libertad de disponer del cuerpo para cualquier cosa, y hacerle al cuerpo cualquier cosa, se entiende y se representa como un derecho inalienable. Según esta lógica, no debería prohibirse la esclavitud voluntaria, la mutilación voluntaria ni la venta de órganos, cuestión ésta última que, al menos en el caso de los cuerpos de las mujeres, no está tan lejos de convertirse en una realidad normalizada, puesto que ya existe en el tráfico comercial ordinario de forma abierta la venta de óvulos (proceso que conlleva una serie de graves riesgos para la salud de las donantes) y el alquiler de vientres, (o, como se conoce en el feminismo radical, “prostitución reproductiva”).
Conclusión
Por todo lo anterior, solicitamos a la Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias que, en virtud de su mandato, utilice siempre la variable sexo para poder dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 1 de la CEDAW y estudiar, analizar y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas.
La violencia sufrida por los varones explotados en el sistema prostitucional surge por su no conformidad a los parámetros socialmente aceptables de “masculinidad” (es decir, género, según se define en el Convenio de Estambul). Su performatividad del estereotipo machista de mujer (que el artículo 5 de la CEDAW indica que hay que eliminar, no reforzar) los hace vulnerables a la explotación, pero el estudio de las causas (incluyendo la homofobia) y consecuencias de la violencia sufrida por ellos debe realizarse en otro ámbito, no en el del mandato de esta Relatoría Especial sobre violencia contra las mujeres y las niñas, que debería utilizar estadísticas segregadas por sexo, para evitar distorsión de la información, análisis y estudio de la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas dentro del sistema prostitucional, en su informe a presentar ante presentar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su sesión 56ª (junio de 2024).
Como hemos visto, hay una unión de esfuerzos entre quienes intentan confundir la variable sexo con “género” (entendido como “identidad”) y quienes sostienen que la prostitución es un “trabajo”, ya que son iniciativas que se retroalimentan.
Si se difumina o invisibiliza la violencia sufrida por las mujeres, o si se incrementa artificialmente la violencia cometida por nosotras -al incluir como nuestros delitos cometidos por hombres-, la falsa percepción de “igualdad” basada en datos distorsionados puede llevar a la reducción de recursos para combatir la desigualdad entre los sexos, lo cual sólo puede tener un efecto negativo para los derechos de las mujeres.
¿Qué sucede cuando las mujeres tienen menos derechos y protecciones? Que sus condiciones se precarizan aún más y su mayor vulnerabilidad las convierte en una presa más fácil del sistema prostitucional (que incluye la pornografía y la prostitución reproductiva). Es un circuito que se retroalimenta por lo que debemos romperlo.
Debemos defender la definición de mujer en base al sexo (artículo 1 de CEDAW) para defender igualmente datos fiables con los que tener estadísticas claras sobre la situación de las mujeres y las niñas en nuestra sociedad, para promover políticas que tengan como fin alcanzar la igualdad real y efectiva entre los sexos.
30 de enero de 2024
Women’s Declaration International España
Ayúdanos a defender los derechos de las mujeres basados en el sexo:
Firma la Declaración