El Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, convoca un «curso», dentro del Área de Ciencias Sociales, bajo el título «El camino del arcoíris: Retos urgentes para los derechos LGTBI» en el que pretenden hacer pasar por académico su celo antifeminista basado en los Principios de Yogyakarta:
«Este curso está pensado como formación para todo profesional que vaya a trabajar aspectos relacionados con las políticas de igualdad de trato y de diversidad sexual y/o de género; pero también para cualquier persona interesada en conocer y debatir el estado de la cuestión y las perspectivas de futuro en lo que a derechos LGTBI se refiere».
Hay dos versiones del programa: la disponible online en el enlace citado arriba y otra en pdf, con mucho más detalle, por lo que parece tratarse de la más actualizada. Las referencias que realizaremos al programa se refieren a esta segunda versión detallada.
El programa se abre -cómo no- con la Ministra de Igualdad, Irene Montero y dos altos representantes de la ONU y de la Unión Europea, en concreto, Michael O’Flaherty, Director de la Agencia de Derechos Fundamentales y Víctor Madrigal-Borloz, Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas.
Lo que omite mencionar el programa es que O’Flaherty. a pesar de su ordenación como sacerdote católico en su Irlanda natal, es uno de los firmantes originales de los llamados «Principios de Yogyakarta» (PY) en 2006.
Otra omisión relevante es que Víctor Madrigal-Borloz es igualmente firmante de los PY, en concreto, de la extensión de 2017, conocida como «Los Principios de Yogyakarta Plus 10», en la que además de la petición de abolir el sexo legal en la documentación de las personas, se introducen provisiones dirigidas a normalizar la «maternidad subrogada» como si se tratase de una adopción o de una técnica de reproducción asistida.
En el programa aparece también la representación en España de Amnistía Internacional, organización que ha asumido sin fisuras no sólo la narrativa de la ideología de la «identidad de género» sino también una posición regulacionista de la prostitución.
Puede que mucha gente no sea consciente aún que Amnistía Internacional dio un giro antimujer en sus políticas hace unos años, pasando a apoyar la regulación de la prostitución. La organización feminista abolicionista Coalición contra el tráfico de mujeres (CATW, en sus siglas en inglés) emitió un comunicado de protesta en el que ironizaba sobre la «creación del derecho humano a prostituir y a comprar actos sexuales».
Por otra parte, es tal la captura ideológica de Amnistía Internacional en cuanto a las «identidades de género» que se atrevieron a «transicionar» póstumamente desde su sección británica a la reina Hatshepsut de Egipto, por llegar a la peregrina conclusión de que ostentar la máxima autoridad en el reino la convertía en un hombre.
«Durante #LGTBHistoryMonth estamos destacando notables figuras LGBT+ de la historia. Hatshepsut (1507 AC-1458 AC), quinto Faraón de la 18ª Dinastía de Egipto, uno de los faraones más importantes de la historia, nació mujer, usaba pronombres femeninos pero se presentaba como Rey. #LGBTHM19»
Además, Amnistía Internacional Reino Unido se ha posicionado claramente a favor del tratamiento hormonal de menores que manifiesten malestar o confusión con su sexo, como dejó patente en el comunicado contra la decisión judicial del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales de diciembre de 2020 sobre el caso de Keira Bell (fallo que se posicionó en contra del tratamiento con bloqueadores de pubertad a las personas menores de 16 años).
Se suele decir que «no hay dos sin tres» y lamentablemente, Amnistía Internacional ha vuelto a mostrar su desprecio por los derechos de las mujeres en una tercera ocasión, siento este caso (sucedido en Irlanda) de carácter gravísimo al apoyar los intentos de censura de las voces feministas críticas con la ideología de «identidad de género», en una total colisión frontal con el mandato fundacional de la organización, nacida precisamente para defender el derecho humano a la libertad de expresión de todas las personas.
Iseult White, la nieta del fundador Seán MacBride, expresó su más absoluto rechazo a esta actuación de Amnistía Internacional Irlanda, en una carta abierta publicada por The Irish Times. Posteriormente, declaró que «Los derechos de las mujeres son Derechos Humanos».
Volvamos al programa del «curso» de la UIMP, en el que destaca otra entidad que contradice su mandato fundacional, en este caso la International Gay and Lesbian Association (conocida por su acrónimo ILGA), organización que es en la actualidad el máximo exponente de la ideología de «identidad de género», en detrimento precisamente de las personas homosexuales a las que debería defender.
Se da la circunstancia que el Director Executivo de ILGA, Julia Ehrt (varón que alega ser «mujer lesbiana», padre de un hijo), es igualmente uno de los firmantes de PY+10 (2017), junto con Madrigal-Borloz.
Puede que sea esta la razón por la que ILGA emitió en 2017 un comunicado felicitando a Víctor Madrigal-Borloz tras su nombramiento como Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de ONU.
Como sucede con Amnistía Internacional, la postura de ILGA respecto de la prostitución es la regulacionista, no la abolicionista, que es la posición feminista. Su uso del paraguas rojo y lenguaje regulacionistas son una inequívoca muestra de esta postura.
«¡Para empoderar a los #LGBTISexWorkers [#TrabajadoresSexualesLGBTI] y respetar plenamente sus derechos fundamentales, todos (la comunidad #LGBTI, las organizaciones de la sociedad civil, los responsables políticos y otras partes interesadas) tenemos que actuar! Más información en nuestro documento de posición: http://bit.ly/LGBTISexWorkers»
No podemos dejar de mencionar la posición regulacionista de la prostitución y de la «maternidad subrogada» de otro integrante del programa, Marina Echebarría Sáenz (de nuevo, un varón que se identifica como «mujer lesbiana», padre de dos hijos), quien ostenta la Presidencia del Consejo de Participación de las Personas LGTBI, que es un órgano asesor del Ministerio de Igualdad. Efectivamente, Echebarría también se refiere a la prostitución como «trabajo sexual» y apoya esa deshumanización de las mujeres que supone la prostitución reproductiva.
Como vemos, cada vez es más evidente que todos los actores de la ideología de «identidad de género» son activistas pro-prostitución, es decir, pro-proxenetas y pro-puteros, además de promover la explotación reproductiva de las mujeres.
WDI España protesta enérgicamente contra los intentos de legalizar la mercantilización de nuestros cuerpos, blanqueados bajo la narrativa buenista y falaz de las «políticas identitarias».
Las mujeres no somos un producto a explotar por el mercado.
El feminismo es abolicionista. De lo contrario, no es feminismo.
El artículo 3 de la Declaración reafirma los derechos de las mujeres y de las niñas a la integridad física y reproductiva, mientras que el artículo 8 reafirma la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres, siendo la prostitución una forma de violencia directísimamente relacionada con nuestro sexo.
Ayúdanos a defender los derechos de las mujeres basados en el sexo:
Firma la Declaración