Hace pocas semanas saltó la noticia: Juana Gallego, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), directora del Máster Género y Comunicación, sufrió el boicot de las alumnas inscritas en dicho máster, que se negaron a asistir a su clase de Publicidad y Género. Supo que tal boicot se llevaría a cabo unos días antes de vivirlo, a través de la Coordinación del Máster, que le explicó las razones del abandono: las alumnas no toleraban recibir clase de una profesora cuyo posicionamiento público era claramente el feminismo abolicionista.
Ninguna de las alumnas había tenido contacto con la profesora, ni había asistido a clases con ella, ni sabía qué iba a decir o explicar Gallego. Es decir, no boicotearon su curso porque el contenido del mismo contenía elementos censurables (de incitación al odio, por ejemplo) o carecía de rigor académico (cosa que solo podrían juzgar tras haber asistido). No: las alumnas conocían la postura pública de la profesora Gallego respecto a la identidad de género, y como ellas sostenían una postura ideológica distinta, se negaban a ir a sus clases. Así, el 15 de marzo, en la primera sesión, Gallego se encontró sola en el aula (que no era dentro de la UAB, sino en un espacio cedido para el máster en el centro de Barcelona), y subió un vídeo a las redes explicando la situación.
Desde la Coordinación del máster Género y Comunicación no explicaron a las alumnas que es normal -además de sano y lógico- que en la universidad estudien y trabajen personas con distintas ideologías y creencias, y que parte de su formación académica incluye la capacidad de dialogar, debatir, criticar y entender el contenido de ideologías y teorías distintas a las que cada una sostiene. Tampoco les planteó que, por tanto, sus faltas de asistencia a clase se contabilizarían simplemente como ausencias injustificadas, con consecuencias lógicas en su nota final. Al contrario, un día después del boicot -y de la emisión del vídeo de Gallego- la UAB emitió un comunicado, en el que decía que “la profesora puede impartir sus clases con total libertad y normalidad si las alumnas deciden asistir a ellas”. La segunda clase fue deliberadamente accidentada. se desvió a la profesora y al alumnado a un espacio fuera del habitual -Barcelona ciudad-: el Campus de Bellaterra. Numerosas feministas se convocaron para seguir la sesión en directo, o su retransmisión a través del canal de You Tube de Confluencia Movimiento Feminista, que se ofreció para emitirla. Pero a la llegada de Juana Gallego el aula estaba cerrada por órdenes del Rectorado, según el cual la profesora pretendía instrumentalizar de forma partidista una clase universitaria (?). Se puso así en cuestión la labor docente de J. Gallego, dando por sentado que sus clases son de aprovechamiento político y no académico o formativo, por el hecho de pertenecer a Feministas al Congreso. No es la primera ni la única profesora universitaria que milita en política -al parecer, sí la más peligrosa-.
Lo acontecido a Juana Gallego es una prueba más del castigo sufrido por las feministas de nuestro país que, por ser críticas con la ideología de la identidad de género, se ven forzadas a resistir denuncias, intentos de denuncia, boicots o cancelación pública.
No olvidemos los recientes casos en el panorama internacional, incluyendo otras profesoras universitarias como Jo Phoenix, Selina Todd, Kathleen Stock y Heather Brunskell-Evans (entre otras) en Reino Unido, Holly Lawford-Smith en Australia o Kathleen Lowrey en Canadá. También encontramos los casos de Maya Forstater o la periodista Julie Bindel, y el de la archiconocida escritora J.K. Rowling, que ni siquiera fue mencionada en el programa especial del 20 aniversario de la primera película basada en su exitosa novela Harry Potter.
El activismo que impulsa la ideología de la identidad de género no está abierto a debate alguno ni considera legítimo que el feminismo pueda tener ideas contrarias. Sin tener una base sólida, lanza sus ataques más virulentos contra las mujeres feministas que argumentan y explican por qué la defensa del “género” supone una regresión al sexismo más retrógrado. El fundamentalismo de la ideología de la identidad de género, al igual que el fundamentalismo patriarcal, no soporta a las mujeres que reafirman que para acabar con su opresión hay que abolir el género, la prostitución, la pornografía y la explotación reproductiva.
WDI España tiene muy claro que Juana Gallego ha sido boicoteada y atacada porque se niega a aceptar el nuevo terraplanismo que dice que el sexo es irrelevante porque el todo es el género, y que es empoderante customizar el cuerpo y comprar y vender sus partes y funciones. No es el único caso. Recordemos que recientemente en nuestro país, el 19 de febrero de 2022, la psicóloga Carola López (@mamaresiliente en Twitter) publicaba en su cuenta que la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en el Gobierno de Andalucía había abierto contra ella un procedimiento de expediente sancionador:
“Todas las mujeres desde las bases hasta las políticas deberían estar hablando de este ESCÁNDALO. Las asociaciones queer me denuncian por hacer divulgación de libros feministas conocidos. Por diferenciar sexo y género. Por decir que el sexo es opresión y que el sexo es binario e inmutable. Os pido por favor que habléis de esto con las mujeres de vuestro entorno, ya que esto no sale en los medios. Me quieren poner una multa de 60.000 a 120.000 euros y una inhabilitación de 3 a 5 años de mi trabajo por divulgar sobre feminismo. Por hablar de la agenda abolicionista del mismo. A estas asociaciones generistas, que tanta inclusión piden, les da igual arruinar la vida de una familia que cuida de UNA MENOR CON DISCAPACIDAD SEVERA, CON PARÁLISIS CEREBRAL. Soy mujer trabajadora y cuidadora. El feminismo es nuestra salvaguarda de los derechos. Por eso, si tengo que pasar de una mera divulgadora en mis redes a hacerlo parte de mi lucha diaria, lo haré. El generismo queer no se va a salir con la suya. #SexoNoEsGénero #GéneroEsOpresión.”
Según explicó, tuvo noticia de tal denuncia a través del medio El Diario, el 3 de febrero de 2022, que lanzaba el titular “Andalucía estrena su ley de defensa de las personas LGTBI abriendo un proceso sancionador a una psicóloga que reniega del género”, a lo que Carola López contra argumentó como mujer feminista, que “El sistema patriarcal utiliza el género como herramienta para oprimir a las mujeres”. Ahora se enfrenta a una sanción de hasta 120.000 euros por las denuncias de la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera y la Asociación Española contra las Terapias de Conversión.
En el directo de Instagram @carolalopezmoyapsi del 4 de febrero dio más información sobre el grave asunto, como también en la entrevista realizada para el célebre podcast feminista Radiojaputa, cuyo episodio 148 le dedicó una sección especial (desde minuto 42).
No cabe duda de que los grupos activistas que impulsan la ideología de la identidad de género y su implantación en leyes y normas españolas son cada vez más beligerantes y agresivos contra el feminismo. Y lo que preocupa más: sus exigencias se están materializando en acciones de denuncia, por la vía administrativa y judicial, a feministas que defienden los derechos de la mujer con base en su sexo.
Existen con anterioridad otros dos casos de denuncia por presunto delito de odio (claro está, desde los presupuestos de la ideología de la identidad de género) efectuada a mujeres feministas en España, en 2019. La más relevante fue la padecida por la histórica política y activista Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista de España. La Fiscalía falló a su favor al considerar que no hubo delito penal en sus declaraciones, ya que nunca tuvieron la intención de “estigmatizar o generar odio, hostilidad, discriminación o violencia” hacia personas, sino que fueron realizadas en el ejercicio del derecho a la libre expresión y crítica política que tenemos las ciudadanas y ciudadanos de este país. Numerosas feministas y activistas relevantes acudieron al juzgado para mostrar su apoyo, y hubo manifestaciones a su favor en todo el estado.
El segundo caso se dio también en 2019. La Dirección General de Igualdad de la Generalitat de Cataluña interpuso una querella exigiendo investigación judicial por presunto delito de odio a la Escuela Feminista Rosario Acuña, emblemático foro feminista de referencia internacional donde habían presentado ponencias eminentes académicas como Amelia Valcárcel o Alicia Miyares. La Fiscalía de Área de Gijón, localidad donde se dan los encuentros, no tuvo más remedio que abrir diligencias tras recibir la denuncia, para luego zanjarla por inadmisión.
Juana Gallego y Carola López son las últimas mujeres feministas denunciadas -castigadas- a causa del terraplanismo del género que se está imponiendo en nuestra sociedad. Quienes lo defienden conforman un movimiento que afirma tener por bandera la reivindicación de derechos, el respeto, la tolerancia, la pluralidad y la diversidad. No obstante, ninguna de estas premisas es respetada cuando quienes expresan sus argumentos públicamente son mujeres.
Decimos castigadas porque seguramente suceda ahora como sucedió con Lidia Falcón, o con las ponentes de la Escuela Rosario Acuña: aunque la inocencia de Carola López y el rigor como profesora de Juana Gallego se demuestren, el proceso mismo de denuncia y de cancelación son el castigo. La sentencia consiste en la exposición pública, el malestar causado, las acusaciones desde todos los frentes reaccionarios, la cancelación, el dispendio económico, la pérdida de horas de trabajo…
En esta situación, como organización que defiende los derechos de la mujer basados en el sexo, WDI-España apoya plenamente a Carola López y a Juana Gallego. Y a las feministas que se puedan encontrar en su misma situación.
¿Qué pasará con las profesionales de la psicología que, con perspectiva feminista, traten a otro tipo de pacientes? Carola López se manifiesta contra el género porque la educación diferenciada por éste daña a las mujeres en múltiples formas, una de ellas es la violencia machista. Sus pacientes han sufrido agresiones físicas, sexuales, psicológicas… y necesitan reparación. No se trata de un problema relacionado con la llamada “identidad de género”, sino con el sexo: sufren por ser mujeres, no por su identidad. Pero hay un creciente número de pacientes que muestran malestares causados principalmente por la imposición social y cultural, desde la infancia, de roles sexistas. Los comportamientos y los estereotipos marcados para las mujeres (y hombres) en nuestra cultura patriarcal son retrógrados y sexistas, y se sienten como una camisa de fuerza que limita las posibilidades personales. ¿Como podrán las profesionales de la salud psicológica tratar a este tipo de pacientes, si no pueden explorar las razones de su malestar, so pena de ser acusadas de realizar “terapia de conversión”? ¿No podrán ejercer su profesión bajo la amenaza de recibir denuncias por cometer delito de odio? La irracionalidad no puede apoderarse así de la justicia.
Y ¿Qué pasará con las profesoras que, como Juana Gallego, manifiesten abiertamente sus críticas con la ideología de la identidad de género? ¿Van a ser castigadas por sus estudiantes, o universidades, por tener pensamiento y voz propia?
Desde Women’s Declaration International te animamos a apoyar a Carola López y a Juana Gallego difundiendo en redes tanto sus mensajes como los que cuenten con el hashtag #YoConCarola y #YoConJuanaGallego. Damos nuestro apoyo a las feministas que como Lidia Falcón o las ponentes de la Escuela Rosario de Acuña tuvieron el valor de declarar públicamente su posición sobre la ideología de la identidad de género y los atropellos que las políticas en esa dirección podrían provocar. Como dijo Juana Gallego: nosotras tampoco admitimos que la Tierra es plana.
El artículo 4 de nuestra Declaración reafirma los derechos de las mujeres a la libertad de opinión y libertad de expresión, exigiendo que
(a) Los Estados deben garantizar que ninguna mujer “podrá ser molestada a causa de sus opiniones” (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –ICCPR–, artículo 19 (1)). Esto debe comprender el derecho a mantener y expresar opiniones sobre la “identidad de género” sin ser sometida a hostigamiento, procesamiento o castigo.
(b) Los Estados deben defender el derecho de las mujeres a la libertad de expresión, incluyendo “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección” (ICCPR, artículo 19 (2)). Esto debe comprender la libertad de comunicar ideas acerca de la “identidad de género” sin ser sometida a hostigamiento, procesamiento o castigo.
(c) Los Estados deben defender el derecho de toda persona a describir a otras basándose en su sexo y no en su “identidad de género”, en todos los contextos. Los Estados deben reconocer que los intentos de organismos estatales, organismos públicos y organizaciones privadas para obligar a la gente a emplear términos relacionados con la “identidad de género” en lugar del sexo son una forma de discriminación contra las mujeres y deben tomar medidas para eliminar esta forma de discriminación.
(d) Los Estados deben prohibir cualquier forma de sanción, enjuiciamiento o castigo de las personas que rechazan los intentos de obligarlas a identificar a otras basándose en su “identidad de género” en lugar del sexo.
Firma la Declaración