El Ministerio de Igualdad ha escogido el periodo estival para abrir el período de audiencia pública a la ciudadanía, trámite obligatorio por imperativo legal, en relación a su propuesta normativa “Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI“, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio.

Women’s Human Rights Campaign España ha redactado un documento con sus alegaciones a dicho Anteproyecto, que pone a disposición de cualquier persona interesada en dirigirse al Ministerio en los mismos términos.

Para participar en el trámite de audiencia pública sólo hay que remitir un correo electrónico a la dirección electrónica participacion.publica@igualdad.gob.es, con el asunto “Participación: Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI“.

MODELO DEL CUERPO DEL MAIL

A/A Ministerio de Igualdad

En cumplimiento del derecho a participar en el trámite de audiencia e información pública a la ciudadanía en relación al Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, presento adjuntas mis alegaciones a dicho APL, en la confianza de que serán tomadas en consideración, debido a las graves consecuencias que supondría su aprobación para los derechos de las mujeres y la infancia.

A los efectos oportunos.

Saludos cordiales,

Nombre y apellidos (si es de forma individual)
Nombre de la entidad (si se hace como asociación, organización, entidad…)
DNI (si se hace de forma individual)
NIF (si se hace como organización, asociación, entidad)

ALEGACIONES al Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI

En relación a la tramitación del Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (en adelante, APL), dentro del trámite de audiencia a la ciudadanía de obligado cumplimiento en virtud de lo indicado en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,

Artículo 26. Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.
6. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 15 días hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen; así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artículo 27.2. De ello deberá dejarse constancia en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

manifestamos nuestra disconformidad con la opacidad y agostidad del Gobierno en este trámite de audiencia, ya que siendo consciente de la impopularidad de las medidas propuestas, en concreto, la autodeterminación del sexo registral (contra la que se manifestaron el 58% de las aportaciones ciudadanas en el trámite anterior de consulta pública previa, dato que aparece en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en adelante MAIN), el plazo se ha abierto en pleno periodo estival, sin ningún tipo de publicidad ni mención en las redes sociales del Gobierno, nota de prensa ni publicación en web oficial.

El pasado 30 de julio, cuatro días después de la apertura del plazo, en la nota de prensa disponible en la página web oficial de la Presidencia del Gobierno, en relación a la supuesta “Rendición de cuentas” del Presidente del Gobierno, en la información relativa al Ministerio de Igualdad se hizo mención expresa del estado de tramitación de otra propuesta, en concreto del Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la libertad sexual, pero no de la apertura de la audiencia pública del Anteproyecto que nos ocupa, en una omisión totalmente inexplicable salvo en caso de ser deliberada:

Rendición de cuentas
El Ministerio de Igualdad empieza a consolidar una nueva generación de derechos feministas en España
Viernes 30 de julio de 2021
“Además, en las últimas semanas se aprobó en Consejo de Ministros el Anteproyecto para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI así como el Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la libertad sexual, que iniciará en el mes de septiembre su tramitación parlamentaria”.

El hecho de que el Gobierno haya escogido tanto no publicitar la apertura del plazo como abrirlo en pleno periodo estival no parece casual, ya que además ha facilitado a la ciudadanía española únicamente el periodo mínimo al que está obligado por imperativo legal, máxime cuando legalmente no se establece período máximo de duración de la consulta y que el mes de agosto es inhábil en muchos ámbitos administrativos, en lo que parece una clara intención de coartar o limitar la participación ciudadana en ella.

EFECTOS Y ALCANCE DEL APL

Bajo un nombre aparentemente progresista e inclusivo, que incluye palabras como “igualdad” o “garantía de los derechos”, que no permite anticipar el auténtico contenido de la propuesta legislativa del Gobierno, se proponen en este APL tres conceptos clave para consagrar en el ordenamiento jurídico español la idea anticientífica de la existencia de “almas sexuadas en cuerpos equivocados”, además de pretender eliminar toda posibilidad de mantener una visión alternativa:

1. Autodeterminación del sexo registral.
2. Prohibición por ley de todo enfoque que no sea afirmativo de las “identidades sentidas”.
3. Criminalización del disenso y nueva ley mordaza, con multas de hasta 150.000 euros por sostener posturas ideológicas distintas a las del Gobierno, bajo la espuria acusación de “odio” o “fobia”.

Este posicionamiento dogmático del Gobierno es inconstitucional por atentar contra la libertad ideológica de la ciudadanía y la aconfesionalidad del Estado:

Artículo 16 CE
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.